El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue declarado culpable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del denominado caso Triple A.
El Tribunal de Garantías Penales determinó que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad penal de Álvarez. Según la resolución, el alcalde tenía control sobre empresas vinculadas a las operaciones investigadas y conocía el manejo relacionado con la comercialización de combustibles.
El Tribunal estableció una pena de seis años y ocho meses de prisión, además de multas y medidas de reparación. También fueron declaradas responsables otras personas naturales y seis empresas involucradas en el proceso.
La Fiscalía sostuvo durante el proceso que el esquema investigado habría generado un perjuicio al Estado superior a USD 61,5 millones, relacionado con más de 22 millones de galones de diésel y gasolina.
La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que la defensa puede presentar los recursos contemplados en la legislación ecuatoriana.