El Gobierno de Estados Unidos anunció la designación pública de siete exfuncionarios ecuatorianos por su presunta participación en actos de corrupción significativa vinculados con organizaciones que Washington ha catalogado como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
La medida, anunciada por el Departamento de Estado el 9 de septiembre, establece que los siete exfuncionarios y, generalmente, sus familiares inmediatos quedan impedidos de ingresar a Estados Unidos.
Los señalados son Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la autoridad penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal; Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de la Corte Provincial del Guayas; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de esa institución.
Según el Departamento de Estado, Ramírez, Terán y Guerrero habrían abusado de sus cargos públicos al aceptar sobornos de grupos relacionados con organizaciones narcoterroristas. Washington sostiene que, a cambio, habrían interferido en procesos judiciales, electorales o públicos en beneficio de organizaciones vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos.
En el caso de Muentes, Gallardo, Marfetán y Salazar, Estados Unidos afirma que habrían aceptado sobornos para interferir en procesos judiciales en beneficio de organizaciones como Los Choneros y el Cartel de Sinaloa, además de sus presuntos facilitadores criminales.
El Gobierno estadounidense señaló que estas actuaciones tuvieron efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos al contribuir, según su comunicado, al tráfico de drogas.
Las designaciones fueron realizadas bajo la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense, que permite al secretario de Estado designar a funcionarios extranjeros cuando existe información considerada creíble sobre su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.