En la madrugada del 1 de octubre, Estados Unidos amaneció con su gobierno federal paralizado. Se trata del decimoquinto shutdown desde 1981, y ocurre en medio de un clima de acusaciones cruzadas: el presidente Donald Trump responsabiliza a los demócratas, mientras que estos culpan a los republicanos por no aprobar los fondos necesarios para mantener en marcha los servicios públicos.
El conflicto se centra en la política de salud. Los demócratas exigen cambios y condiciones en esta materia, lo que la administración Trump y los republicanos rechazan de manera categórica.
La parálisis genera incertidumbre para más de 750,000 empleados federales, quienes quedan sin sueldo mientras dure el cierre, y deja al país cuestionándose cuánto tiempo se extenderá el bloqueo y quién asumirá el costo político.
Una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía se centra en los viajes. Según las autoridades, los vuelos continuarán operando normalmente, ya que los controladores aéreos, agentes de seguridad en aeropuertos y personal de frontera son considerados trabajadores esenciales.
Sin embargo, las aerolíneas prevén un impacto inevitable. La asociación Airlines for America —que agrupa a compañías como Delta, American y Southwest— advirtió que el trabajo sin sueldo y con recursos limitados podría multiplicar los retrasos. “El sistema puede verse obligado a ralentizarse”, señaló el gremio.
El desenlace del shutdown dependerá de las negociaciones políticas en el Congreso, en un contexto de alta tensión y con millones de ciudadanos a la expectativa.
