- Diferentes casos de América Latina y África reflejan cómo la industria tabacalera interfiere en las políticas públicas que protegen el derecho a la salud.
- Organizaciones internacionales hacen un llamado a los gobiernos por la transparencia y la implementación del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), y así detener las tácticas de la industria tabacalera, previniendo muertes y enfermedades.
- En Ecuador, aproximadamente 19 personas mueren cada día por causa del consumo de tabaco, una de cada diez personas entre 18 y 69 años consume tabaco, y tres de cada diez adolescentes entre 13 y 15 años han consumido tabaco en algún momento de sus vidas. Además, el 10% de las muertes anuales en el país son atribuibles al tabaquismo (2.021 enfermedad pulmonar obstructiva CRÓNICA –EPOC-, 1.441 Enfermedades cardíacas, 884 otros cánceres, 781 tabaquismo pasivo y otras causas, 684 cáncer d pulmón, 514 neumonía, 467 accidente cerebrovascular –ACV–). El consumo de tabaco en el país genera un costo médico directo anual de más de U$D1.285.789 millones (dólares americanos), un costo de productividad laboral perdida superior a los 313 millones, y costos de cuidado informal de más de 314 millones. En total, estos costos equivalen a más del 1,3% de todo el producto bruto interno (PIB) del país. La recaudación impositiva por la venta de cigarrillos es de alrededor de U$D97 millones anuales, un valor que apenas llega a cubrir el 8% de los costos económicos totales provocados por el cigarrillo en el sistema de salud y la sociedad [1].
- Es necesario que el país avance hacia una sólida política de conflictos de interés en línea con las disposiciones del Artículo 5.3 del CMCT de la OMS y sus directrices para la aplicación y el Artículo 4.2 del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco (El Protocolo), que defiendan y permitan el desarrollo progresivo no solo de las políticas de control de tabaco en general, sino que también protejan los avances que el país ha tenido en materia de implementación de El Protocolo, como la implementación del servicio de marcación y trazabilidad de cigarrillos Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal (SIMAR).
- Un aumento en el precio de los cigarrillos a través de impuestos de tan sólo un 50% podría llegar a evitar más de 7.794 muertes, 24.010 infartos, 2.260 nuevos cánceres y 11.173 accidentes cerebrovasculares (ACV) en un plazo de diez años [2].
- La preocupación por el potencial aumento del comercio ilícito ante la suba de impuestos no está justificado ni debería ser un desaliento para que el país avance firmemente con el incremento de impuestos al tabaco [3].
4 MAYO 2021. Un diálogo entre América Latina y África reveló problemas comunes sobre la complicidad de la industria tabacalera en el comercio ilícito y la desinformación sobre el contrabando para socavar de manera particular las políticas fiscales de control del tabaco.
Se plantearon preocupaciones cuando, por ejemplo, la industria tabacalera se asocia activamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes en materia de control de tabaco; y, otras relacionadas con la prevención y eliminación del comercio ilícito, como sucede cuando ofrecen su propio sistema de seguimiento y localización, o entrenamientos que crean conflictos de interés, o utilizan grupos de fachada como la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés) –no solo tiene entre sus miembros a la tabacalera Philip Morris International (PMI)[4], sino que ha recibido financiación de PMI [5] a través de la iniciativa PMI-Impact y ha fomentado los intereses de la industria tabacalera en Costa Rica[6] y en América Latina[7].
Adriana Blanco Marquizo, Jefa de la Secretaría del CMCT de la OMS; Dudley Tarlton, Especialista de Programa, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Rosa Sandoval asesora de control de tabaco para la OPS/OMS, fueron algunos de los oradores que hicieron énfasis en la importancia de implementar más allá del Sector Salud el Artículo 5.3 del CMCT de la OMS y las Directrices para su aplicación, el Artículo 4.2 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (El Protocolo). Asimismo, denunciaron los grupos de fachada que impulsan la agenda de la industria tabacalera, obstaculizan el desarrollo sostenible y debilitan el control de las enfermedades no transmisibles (NCD).
“La industria tabacalera sigue intentando presentarse a sí misma como parte de la solución. Al hacerlo, se relaciona con entidades como TRACIT, pretendiendo mostrar su voluntad de luchar contra el comercio ilícito mundial. Pero no olvidemos los hechos: esta es una industria con una larga historia de engaños y mentiras cuyos intereses han sido reconocidos en múltiples foros por ser ‘irreconciliables’ con los intereses de la salud pública”, dijo la Dra. Blanco Marquizo,
“Ha habido un progreso significativo en la implementación de algunas medidas contenidas en el CMCT de la OMS, pero aún queda mucho por hacer en la ratificación e implementación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Un elemento clave en el que la Región ha logrado importantes avances en los últimos años es la medición y comprensión del comercio ilícito de tabaco a nivel nacional. Estos esfuerzos han contrarrestado efectivamente la narrativa de la industria tabacalera sobre el tema y han demostrado con evidencia independiente y sólida que la industria tiende a sobreestimar el tamaño del mercado de comercio ilícito con el objetivo de evitar que los países avancen en el control del tabaco”, dijo la Sra. Sandoval.
De manera particular, Dudley Tarlton del PNUD, reconoció que lograr la coherencia de las políticas entre los gobiernos e incluso entre las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) es un desafío, pero muy necesario. Es la clave para un control eficaz del tabaco. Los enfoques de políticas coherentes aseguran la participación multisectorial y el apoyo político necesario para reducir el consumo de los productos de tabaco.
Por su parte, el economista Roberto Iglesias aseguró que aunque los mercados ilícitos de cigarrillos son uno de los principales delitos transnacionales en la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, sin embargo el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco está ausente en la capacitación apoyada por el Ministerio de Justicia de Brasil y organizada por dos importantes universidades brasileñas, y que es financiada por PMI Impact, para instruir a las fuerzas de seguridad y patrulla fronteriza de Brasil, Argentina y Paraguay sobre crímenes transnacionales en la frontera común.
Vale destacar, que Azálea Espinoza de RENATA (Red Nacional Antitabaco-Costa Rica), mencionó que “en el 2019, la iniciativa PMI Impact (de Philip Morris International) adjudicó a TRACIT US$21 millones de los US$100 millones que donó a 31 organizaciones ese año. Ya en 2017 había donado US$20 millones a 29 proyectos, entre los que estuvo también TRACIT [8]. Este ente financiado por la industria tabacalera, entre otras empresas, intenta interferir en los gobiernos impulsando cambios de políticas favorables a la industria del tabaco en toda América Latina, en Asia, Medio Oriente, Europa y África [9]. La forma de lograrlo parece ser por la vía de intensificar y fortalecer la influencia del sector privado en las comisiones e instituciones del gobierno. Existe un claro conflicto de intereses cuando las empresas y las cámaras empresariales interfieren con los órganos en los que se debe crear política pública con intereses comerciales y comprometen los esfuerzos del gobierno para proteger y promover la salud de la población o la economía de la nación”.
Así mismo, Daniel Dorado, Director Internacional y para América de Políticas Públicas de Corporate Accountability, uno de los comentaristas del evento, señaló: “Es recurrente que la industria tabacalera esté detrás de organizaciones como TRACIT con el fin de obtener acceso a los gobiernos e influir en el desarrollo e implementación de las políticas públicas. De cara a la Novena Conferencia de las Partes (COP9) del CMCT de la OMS y la Segunda Reunión de las Partes (MOP2) de El Protocolo, que tendrá lugar en noviembre 2021, los Estados Partes deben cumplir su compromiso en torno a las Decisiones de maximización de la transparencia adoptadas en la COP8 [10] y la MOP1 [11], y presentar sus Declaraciones de Conflicto de Interés. Esto garantizará una transparencia total y enviará un mensaje categórico a la industria tabacalera y a organizaciones como TRACIT: la interferencia de la industria tabacalera no se permitirá, nunca, en la formulación de políticas internacionales de salud pública”.
En esta misma línea, Eduardo Bianco, Director para Latinoamérica de la Alianza para Convenio Marco (FCA por sus siglas en inglés) expresó que la industria tabacalera usa organizaciones de fachada para transmitir su mensaje, posicionarse mejor y ganar credibilidad. ¿Cuál es su mensaje? Que la solución es el diálogo entre organismos encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado -o “los contribuyentes”- entendidos ambos como la industria tabacalera. De esta manera ignoran y socavan El Protocolo. Lamentablemente, este mensaje ha permeado en algunos gobiernos, y también en Agencias Internacionales importantes, quienes se olvidan que tanto el CMCT de la OMS, como El Protocolo, son tratados del sistema de la ONU, legalmente vinculantes, donde los países han decidido que la industria tabacalera no participe, porque forma parte del problema, no de la solución.
Por su parte, Fatou Diouf, la Coordinadora Regional de la FCA para África, señaló una investigación del Atlas del Tabaco, que sugiere que hasta el 98% de los productos ilícitos de tabaco provienen de fabricantes de tabaco con licencia, comprobando que la industria tabacalera es el mismo iniciador del comercio ilícito de productos del tabaco. “Esto también hace que los productos del tabaco sean menos costosos y accesibles, lo que a su vez se traduce en que más personas fumen y menoscaban la eficiencia de las políticas de cesación basadas en impuestos“, dijo Fatou. Mencionó a Kenia, que dijo que es un modelo que otros países deberían emular a la hora de implementar un sistema de seguimiento y rastreo para luchar contra el comercio ilícito de productos del tabaco.
Por su parte, el Vicepresidente de la Mesa de la Conferencia de las Partes (COP) en representación de la Región Africana, Dr. Vinyo Kodzo Kumako, subrayó la necesidad de que la comunidad del tabaco contrarreste de manera más agresiva las iniciativas de comercio ilícito de la industria tabacalera ellos son los “actores plenamente legitimados” para hacerlo.
Reina Roa, la Vicepresidenta de la Mesa de la Conferencia de las Partes en representación de la Región de las Américas, concluyó el evento con un llamado a todos los países “Implementa El Protocolo porque es fundamental para lograr una disminución del consumo de productos de tabaco, evita la interferencia de la industria tabacalera. Y agregó, “Si no eres Parte de El Protocolo, súmate YA”.
