- Dyd llama a priorizar el bienestar de los menores con decisiones basadas en evidencia científica. Destaca la necesidad de enfoques responsables que garanticen la protección de los derechos de la niñez y respalden su desarrollo integral.
- Insta al Estado a integrar la voz de expertos, familias y comunidades para promover políticas educativas libres de ideologías que refuercen la cohesión social.
Guayaquil/Quito, 27 de enero de 2025.- El estudio jurídico Dignidad y derecho, especializado en la defensa técnica y jurídica de los derechos humanos, expresa su profunda preocupación por las implicaciones sociales, legales y educativas derivadas de la reciente sentencia 95-18-EP/24 emitida el pasado 8 de enero de 2025 por la Corte Constitucional. Esta decisión obliga a todas las instituciones educativas del país, públicas y privadas, regidas por el Ministerio de Educación, a implementar un protocolo para aceptar y promover procesos de transición de género en niños, niñas y adolescentes, sin garantizar un acompañamiento neutral y especializado.
El fallo surgió a raíz de un caso en 2017, en el que una familia solicitó que una escuela reconociera la identidad de género de su hijo de 5 años en proceso de transición. La sentencia, bajo la apariencia de garantizar el derecho a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, ha generado fuertes críticas por permitir y promover la “niñez trans”, una ideología “woke” que no tiene consenso científico y no mide el impacto que puede tener en las comunidades educativas y los derechos de los padres.
La Corte, con esta decisión, establece un precedente significativo que pone en riesgo la libertad de pensamiento, la educación integral y la convivencia social en las comunidades educativas.
A continuación, se detallan las consecuencias:
- Impacto en la niñez y las familias: La transición de género es un proceso complejo que requiere un acompañamiento profesional, ético y basado en evidencia científica. Estudios en neurociencia, advierten que la corteza prefrontal, responsable de evaluar riesgos y tomar decisiones maduras, no se desarrolla completamente hasta los 25-30 años. Esto limita la capacidad de niños, niñas y adolescentes para comprender plenamente las implicaciones de decisiones irreversibles que podrían generar impactos permanentes en su desarrollo físico y emocional.
Según el informe Cass del Reino Unido, liderado por la Dra. Hilary Cass, el 75% de los menores que presentan disforia de género también tienen antecedentes de asistencia psiquiátrica, y entre el 80% y el 95% de los niños superan la disforia si se les permite un desarrollo natural sin intervenciones médicas.
- Repercusiones para la comunidad educativa: Las escuelas enfrentan una sobrecarga operativa sin contar con recursos suficientes ni personal capacitado para gestionar estas situaciones, lo que puede derivar en conflictos entre familias, estudiantes y el personal educativo.
Según el «Reporte anual de información educativa» del Ministerio de Educación, para el período 2022-2023, el número de instituciones educativas en el sistema nacional era de 15.997, atendiendo a una población estudiantil de más de 4,3 millones de alumnos. Esta medida exige una implementación que muchas escuelas no están preparadas para asumir, mientras que los insumos básicos como maestros y desayuno escolar escasean.
- Preocupaciones por la libertad y el respeto mutuo: La imposición de conferencias de “sensibilización” obligatoria para la comunidad educativa es un ataque a la diversidad de creencias y valores dentro de las comunidades educativas, vulnerando los derechos de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y la libertad de ideario de cada institución.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones es esencial en una sociedad democrática, y cualquier intervención en este ámbito debe ser cuidadosamente justificada y proporcional.
- Riesgo de fragmentación social: La falta de un marco científico y legal robusto para abordar estas políticas puede llevar a divisiones profundas y conflictos dentro de las comunidades educativas, desviando el debate del bienestar de los menores. Un estudio de UNICEF resalta la importancia de considerar la dignidad y el desarrollo integral de los niños como el eje central de cualquier decisión que los afecte.
El estudio jurídico Dignidad y derecho insta al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Educación y a las autoridades competentes a:
- Promover un diálogo nacional inclusivo, que integre las perspectivas de expertos en salud mental, educación y derechos humanos, así como la voz de las familias.
- Establecer políticas educativas basadas en evidencia científica, que priorizan el bienestar infantil sin imponer visiones unilaterales ni ideologías woke.
- Garantizar la transparencia y el respeto mutuo, fortaleciendo un sistema educativo que fomenta la inclusión y la equidad.
“Es fundamental que abordemos estos temas con empatía y respeto, colocando el bienestar integral de los niños y niñas en el centro de nuestras decisiones. Las acciones precipitadas y sin consenso no solo profundizan las divisiones, sino que generan incertidumbre en nuestra sociedad. Actuar con base en evidencia científica es esencial para construir un futuro inclusivo, equitativo y responsable”, afirmó la Ab. María de Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y derecho.
Datos significativos sobre el cambio de género
En el debate sobre las políticas relacionadas con la transición de género en menores de edad, es crucial considerar los datos disponibles para comprender los desafíos, riesgos y repercusiones asociadas.
Las estadísticas y estudios recientes arrojan luz sobre temas sensibles, como el impacto en la salud mental, los riesgos médicos, el aumento exponencial de diagnósticos y los casos de arrepentimiento tras tratamientos irreversibles. Además, emergen preocupaciones sobre la capacidad de los menores para tomar decisiones informadas debido al desarrollo cerebral incompleto, y el evidente beneficio económico detrás de estas intervenciones.
A continuación, se presentan cifras, que resaltan la complejidad del tema, subrayando la necesidad de un enfoque ético, basado en evidencia y centrado en el bienestar de los menores.
- El índice de intentos de suicidio en personas transgénero es significativamente más alto, alcanzando el 41% en comparación con el 4% registrado en la población general.
- En Suiza, las personas que se someten a cirugías de transición presentan una probabilidad 19 veces mayor de morir por suicidio que el promedio de la población.
- La administración de bloqueadores puberales en niños y niñas interrumpe su desarrollo físico, cognitivo y emocional, y puede causar efectos irreversibles, como el debilitamiento del tejido mamario en niñas y la reducción del volumen testicular en niños.
- La supresión de la pubertad implica el uso de hormonas sintéticas de por vida, lo que conlleva riesgos significativos, incluyendo la infertilidad.
- Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que el 6.9% de las personas que iniciaron una transición médica decidieron revertir el proceso en un plazo de 16 meses, mientras que un 22% abandonó el tratamiento antes de finalizarlo.
- En entrevistas a 40 personas de EE.UU., Canadá y Europa que decidieron revertir su transición médica, un tercio expresó arrepentimiento por haber iniciado dicho proceso.
- Entre 2019 y 2023, en EE.UU., 3.994 menores recibieron tratamientos de cambio de sexo; 5.747 se sometieron a cirugías y 8.579 usaron hormonas o bloqueadores de pubertad. Estas intervenciones generaron ingresos estimados en aproximadamente $119.8 millones.
